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«Se oficializó el cobro médico a extranjeros no residentes»

La histórica premisa de la salud pública universal e irrestricta en la Argentina sumó un capítulo definitivo. A través de la publicación de la Resolución 1066/2026 en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación reglamentó el arancelamiento obligatorio de las prestaciones médicas para aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país bajo las categorías de «residentes transitorios», «temporales» o «precarios».

La normativa pone en marcha operativa las reformas migratorias y de salud impulsadas originalmente por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025. A partir de ahora, cualquier persona que no acredite una residencia permanente en el territorio nacional deberá abonar de su propio bolsillo —o a través de coberturas privadas— el costo total de consultas de rutina, cirugías programadas, tratamientos de alta complejidad y estudios diagnósticos.

Emergencias garantizadas, facturas posteriores

El texto oficial traza una línea divisoria tajante entre la medicina preventiva o programada y las situaciones de riesgo de vida. Las guardias de los hospitales nacionales no podrán demorar, restringir ni negar asistencia humanitaria ante emergencias obstétricas, pediátricas, infartos o traumas graves.

Sin embargo, el cambio estructural radica en lo que sucede después. Una vez que el paciente crítico es estabilizado y su vida deja de correr peligro, el centro de salud queda facultado para activar los mecanismos de recupero de costos. Toda la hotelería hospitalaria, insumos y prestaciones posteriores acumuladas serán facturados de manera directa al individuo o a la empresa aseguradora contratada para su viaje.

El rompecabezas federal: ¿Qué pasa en las provincias?

El alcance inmediato de la resolución del Ministerio de Salud impacta sobre los efectores que dependen de la órbita de la administración central, como el Hospital Nacional Posadas o el Hospital Sommer. Al tratarse de un país federal donde la gestión sanitaria está delegada en los gobernadores, la aplicación en el interior del país dibuja un mapa fragmentado:

  • Pioneras en el cobro: Provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya implementaron con anterioridad leyes locales de recupero. En distritos fronterizos, las autoridades reportaron caídas de hasta el 80% en la afluencia de pacientes de países vecinos tras el cobro de aranceles.
  • Resistencia e incertidumbre: Otras jurisdicciones evalúan el impacto de la medida. Algunos ministerios provinciales anticiparon que mantendrán la gratuidad total argumentando que el gasto que representan los no residentes es estadísticamente marginal en sus presupuestos y que prefieren evitar barreras de acceso.

Fin del «turismo sanitario» y exigencia de seguros

Desde el punto de vista migratorio, esta reglamentación sepulta las denominadas «tours sanitarios», circuitos comerciales informales organizados para acceder a tratamientos de alta complejidad de forma gratuita en el sistema estatal argentino.

En consonancia con las normativas consulares de la Cancillería, la posesión de un seguro de asistencia médica con cobertura total y activa durante toda la estadía pasa a ser un requisito indispensable para los visitantes. Para la población inmigrante con radicación definitiva, el sistema no sufre alteraciones: bastará con exhibir el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente para recibir asistencia gratuita en igualdad de condiciones que los ciudadanos nativos.

Con esta firma, el Gobierno consolida un cambio de paradigma en el gasto social, alineando a la Argentina con las exigencias de reciprocidad médica vigentes en la gran mayoría de los países de la región y el mundo.

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