El Gobierno privatizó «AySA»
El consorcio privado Rowing-Arcos-Transclor-PHX se quedó con el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos tras presentar la propuesta económica más alta. El nuevo operador controlará el suministro de agua y cloacas del AMBA por los próximos 30 años y deberá encarar un millonario plan de inversiones.
En lo que representa el paso más trascendental dentro de su agenda de reformas y privatizaciones de empresas públicas, el Gobierno nacional oficializó la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Tras completarse el proceso de licitación bajo el amparo de la Ley Bases, el consorcio integrado por las firmas Rowing, Arcos, Transclor y el fondo internacional PHX se adjudicó el 90% del paquete accionario de la principal prestadora de agua del país, tras ofertar la suma de US$ 340,2 millones.
La apertura de los sobres económicos relegó al segundo lugar a la propuesta de Roggio ROAS S.A.U. (perteneciente al Grupo Roggio), que había presentado una oferta de US$ 285 millones. Si bien la operación marca un hito en la transferencia de activos estatales a manos privadas de la actual gestión, la recaudación final se ubicó por debajo de las expectativas iniciales del Ministerio de Economía, que apuntaba a un piso cercano a los US$ 500 millones.
Quiénes son los nuevos dueños del agua en el AMBA
El grupo ganador conformó una alianza que combina financiamiento global, ingeniería local y experiencia técnica internacional para gestionar un servicio clave que abastece a 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Las acciones del bloque privado se distribuyen de la siguiente manera:
- PHX Aqua (55%): Es un fondo de inversión internacional constituido bajo la órbita de Phoenix Global Investment Fund. Este actor financiero liderará el aporte de divisas y la estructuración del financiamiento global para el plan de infraestructura. Su cúpula directiva está integrada por exejecutivos de la banca internacional con experiencia en Wall Street y Europa.
- Rowing S.A. (20%): Empresa constructora local con un fuerte despliegue en ingeniería y servicios industriales en el país, lo que le aporta al consorcio la estructura logística interna y el manejo operativo en territorio.
- Arcos Saneamento e Participações (15%): Pertenece al Grupo Equipav de Brasil y actuará estrictamente como el operador técnico del consorcio. Aporta la experiencia de haber asumido recientemente concesiones masivas de agua y saneamiento a gran escala en ciudades de la región como Río de Janeiro.
- Transclor S.A. (10%): La firma del empresario Mauricio Filiberti. Su ingreso representa un cambio estratégico de peso: Transclor operaba como el proveedor exclusivo de los insumos químicos indispensables para la potabilización de AySA desde el año 2009. Con este movimiento, pasa de ser el principal contratista de la empresa a convertirse en co-propietario de la misma.
El 10% restante de las acciones de AySA no entró en la venta, ya que continuará bajo el régimen de Programa de Propiedad Participada (PPP) en manos de los propios trabajadores de la compañía a través de su representación gremial.
El pliego: deudas, metas y un plan de US$ 15.000 millones
El contrato establece una concesión por un período de 30 años, con una opción de prórroga por una década más. Para asumir el control total, el consorcio privado debió aceptar condiciones financieras estrictas reguladas por el Estado: en primer lugar, tendrán que absorber un pasivo preexistente de la compañía calculado en US$ 70 millones.
A nivel de infraestructura, el pliego los obliga a ejecutar inversiones globales por US$ 15.040 millones a lo largo de las tres décadas de vigencia. La mayor presión estará concentrada en el primer lustro, período en el cual deberán desembolsar de forma obligatoria un piso mínimo de US$ 2.000 millones con el objetivo de modernizar las plantas potabilizadoras, optimizar el tratamiento de efluentes y reducir drásticamente los niveles de «agua no contabilizada», un problema histórico que genera la pérdida del 42% del recurso por fallas en la red de distribución.
Asimismo, el contrato fija un cronograma de expansión obligatoria del servicio: para el año 2031, la cobertura de agua potable deberá alcanzar al 75,3% de la población de la red y las cloacas al 63,9%, proyectando superar el 90% hacia el final de la concesión. Un dato no menor es que toda la infraestructura que incorporen las firmas privadas —redes de cañerías, estaciones de bombeo y plantas— quedará como propiedad del Estado nacional una vez que concluya el vínculo contractual.
Próximos pasos y el futuro de las tarifas
La reprivatización del servicio sanitario reavivó de inmediato el debate político. Desde el Palacio de Hacienda fundamentaron la necesidad de la venta bajo el argumento del alto costo fiscal que demandó la empresa desde su estatización en 2006, señalando un déficit crónico cubierto con subsidios estatales. En la vereda de enfrente, sectores de la oposición y equipos técnicos plantearon reparos sobre los plazos del proceso y el estado actual de los pasivos ambientales que deberá auditar el consorcio.
Para los millones de usuarios residenciales e industriales del AMBA, el foco de atención inmediato estará puesto en el costo del servicio. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) tiene programada una audiencia pública para el próximo 26 de octubre, instancia donde el nuevo consorcio presentará sus propuestas para readecuar el cuadro tarifario y fijar los nuevos criterios de indexación que regirán bajo la gestión privada.
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